La semana que mueve el año: radiografía económica de unas fiestas de pueblo
Photo: Didgeridoo_street_player.jpg: Noel Feans derivative work: Tomer T, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Hay una semana al año en la que el bar del pueblo multiplica por seis su facturación, la carnicería agota existencias dos días antes de lo previsto y el peluquero deja de atender llamadas. Es la semana grande. Y sin embargo, cuando se habla de economía local, las fiestas patronales apenas aparecen en los documentos estratégicos de los municipios, reducidas a una partida de gasto en el capítulo de cultura.
Lo que no sale en las cuentas
Las estadísticas municipales registran lo que se gasta: orquestas, luminarias, fuegos artificiales, seguro de responsabilidad civil. Lo que no registran es lo que se genera. Un análisis sencillo en un municipio de unos 2.000 habitantes permite hacer números aproximados: entre consumiciones en bares y terrazas, comidas en casas de comidas y panaderías, alojamientos para familias que regresan, flores, coches de caballos, torneos y trajes, el flujo comercial de una semana festiva puede situarse entre 180.000 y 300.000 euros, cifras que en un negocio pequeño de interior equivalen a entre el 15 y el 30 por ciento de su facturación anual.
A eso hay que sumar el empleo indirecto: montadores de escenarios, personal de barra contratado por refuerzo, taxistas, artesanos que venden en las casetas. En muchos pueblos, la semana de fiestas sostiene jornales que de otra forma no existirían en verano.
El efecto calendario
Hay otro elemento difícil de medir: la fiesta funciona como un calendario comercial compartido. El mercadillo, la subasta, la cena de la tercera edad, la romería. Cada acto concentra a la gente en un lugar y a una hora, y esa concentración es la que convierte una calle en un mercado. Cuando un ayuntamiento desordena el programa o lo dispersa, el comercio lo nota de inmediato.
Cuando la fiesta se vende
En los últimos años, algunos municipios han cedido la gestión de sus fiestas a promotoras foráneas a cambio de no asumir el coste. El intercambio parece razonable en el papel: nadie arriesga dinero público y el pueblo tiene verbena. Pero la letra pequeña suele incluir cláusulas que alteran el equilibrio: precios de entrada que excluyen a parte del vecindario, consumo obligatorio en barras gestionadas por la promotora, programación deslocalizada que deja de celebrar al pueblo para celebrar al público externo.
El resultado, documentado en varios municipios de Castilla-La Mancha y Andalucía, es paradójico: el pueblo acude menos, el comercio local vende menos y la fiesta deja de ser maquinaria económica para convertirse en un negocio del que el territorio solo recibe el ruido.
Contabilizar para defender
Si las fiestas fueran tratadas como lo que son —un activo económico y social—, los ayuntamientos podrían negociar mejor con promotoras, justificar partidas ante la administración autonómica y diseñar programas que maximicen el retorno local. Basta con un registro sencillo: encuestas a comercios, aforos, facturación comparada.
La fiesta no es un lujo que el pueblo se concede. Es una de las pocas instituciones que reúne a todos, hace circular el dinero y recuerda a quien se fue que aquí sigue habiendo algo a lo que volver. Tratarla como un gasto es la forma más barata de perderla.
