El poder que sube desde abajo: cómo las asambleas vecinales están cambiando quién manda en el municipio

Durante décadas, la política municipal española funcionó según un esquema bien conocido: los ciudadanos votaban cada cuatro años y, entre elección y elección, delegaban toda decisión relevante en sus representantes. El concejal de turno, el alcalde o la comisión de gobierno eran los únicos intérpretes legítimos del interés colectivo. Ese modelo, sin embargo, está mostrando grietas profundas. Y desde esas grietas está brotando algo nuevo.

En barrios de ciudades medianas, en pedanías rurales y en municipios que apenas aparecen en los mapas nacionales, los consejos y asambleas vecinales han ido acumulando una autoridad que no figura en ninguna ordenanza, pero que se hace sentir en cada pleno, en cada proyecto urbanístico y en cada partida presupuestaria.

De la queja al contrapoder

El tránsito no ha sido repentino. Durante años, las asociaciones de vecinos fueron percibidas, en el mejor de los casos, como grupos de presión legítimos pero de impacto limitado. Su función, en la práctica, se reducía a elevar quejas formales, asistir a reuniones informativas y firmar escritos que rara vez alteraban decisiones ya tomadas en despachos cerrados.

Lo que ha cambiado en la última década es la capacidad organizativa. La proliferación de herramientas digitales de coordinación, la mayor formación jurídica y urbanística de los ciudadanos y, sobre todo, la acumulación de victorias concretas han transformado la naturaleza de estos colectivos. Ya no se limitan a protestar: proponen, negocian y, en ocasiones, vetan.

En Zaragoza, la plataforma vecinal del barrio de Las Fuentes logró en 2022 paralizar la remodelación de un parque histórico cuyo proyecto inicial ignoraba por completo las necesidades de los usuarios habituales. No bastó con una recogida de firmas: el colectivo presentó un informe técnico alternativo, elaborado con la colaboración de arquitectos y urbanistas del propio barrio, que el Ayuntamiento terminó incorporando al proyecto definitivo. El resultado fue un diseño radicalmente diferente al original, concebido desde dentro del territorio.

La asamblea como institución informal

Uno de los fenómenos más llamativos de esta transformación es la emergencia de estructuras de gobernanza paralelas que operan con una legitimidad propia, distinta —y a veces superior en percepción ciudadana— a la de los órganos oficiales.

En varios municipios rurales de Castilla y León y Extremadura, las asambleas vecinales han recuperado una tradición de siglos: la del concejo abierto. Esta figura, reconocida legalmente en municipios de menos de cien habitantes, permite que sean los vecinos en su conjunto —y no un ayuntamiento elegido— quienes debatan y voten las decisiones colectivas. Lejos de ser una reliquia, el concejo abierto está experimentando un renacimiento funcional en territorios donde la despoblación ha vuelto irrelevante la burocracia representativa convencional.

Pero el fenómeno no se circunscribe a los pueblos pequeños. En ciudades como Valencia, Bilbao o Málaga, los presupuestos participativos —mecanismos mediante los cuales los ciudadanos deciden directamente el destino de una parte de los fondos municipales— han generado dinámicas de deliberación vecinal que se extienden mucho más allá del proceso formal. Los debates preparatorios, las asambleas de barrio y los grupos de trabajo temáticos configuran una red de participación continua que no desaparece cuando termina el proceso oficial.

Cuando la ciudadanía frena a los inversores

Quizá donde la influencia vecinal resulta más visible —y más controvertida— es en la capacidad de algunos consejos para bloquear o rediseñar proyectos de inversión privada con respaldo institucional.

El caso de la Sareb en varios municipios del litoral mediterráneo ilustra bien esta tensión. Promotoras con proyectos aprobados en pleno municipal han encontrado una resistencia organizada que, sin recurrir únicamente a la vía judicial, ha conseguido retrasar, modificar o incluso cancelar desarrollos urbanísticos. La clave no ha sido la obstrucción, sino la capacidad de articular argumentos técnicos, económicos y sociales que el discurso político convencional no había considerado.

Esta capacidad de interferencia —o de participación legítima, según se mire— plantea preguntas incómodas sobre los límites del mandato representativo. ¿Hasta qué punto un concejal electo puede ignorar la voluntad explícita y organizada de quienes le eligieron? ¿Qué ocurre cuando la legitimidad de las urnas choca con la legitimidad de la plaza?

El reto de la institucionalización

No todo en este proceso es idílico. La participación vecinal organizada enfrenta obstáculos estructurales que limitan su potencial transformador.

El primero es la representatividad. Las asambleas tienden a concentrar a los ciudadanos con más tiempo disponible, mayor formación o intereses más directamente afectados por los temas en debate. Esto puede reproducir sesgos y exclusiones que el sistema representativo, con todas sus imperfecciones, al menos intenta corregir mediante el voto universal.

El segundo es la sostenibilidad. El activismo vecinal funciona a menudo en ciclos de alta intensidad —cuando hay una amenaza concreta que moviliza— seguidos de períodos de repliegue. Construir estructuras duraderas que mantengan su capacidad de incidencia más allá de las crisis puntuales es uno de los mayores desafíos.

El tercero, quizá el más delicado, es la relación con la institucionalidad. Los consejos vecinales que logran mayor impacto son los que saben navegar entre la presión externa y la interlocución interna, entre la confrontación y la negociación. Aquellos que optan exclusivamente por el conflicto rara vez consolidan sus logros.

Un nuevo contrato territorial

Lo que está emergiendo en los territorios españoles más activos no es la sustitución de la democracia representativa, sino su complemento y su corrección. Los consejos vecinales que funcionan no aspiran a reemplazar al alcalde: aspiran a que el alcalde no pueda ignorarles.

Este reequilibrio tiene consecuencias directas sobre el tejido económico y social del territorio. Cuando los ciudadanos organizados participan en la definición de las prioridades locales, las decisiones tienden a ser más coherentes con las necesidades reales del lugar, menos dependientes de modas administrativas importadas y más resistentes al cambio de ciclo político.

El territorio, en definitiva, deja de ser un escenario pasivo de decisiones tomadas en otro sitio para convertirse en un actor con voz propia. Y esa voz, cuando está bien organizada, resulta difícil de ignorar.

En Territorio Leal entendemos que la fortaleza de una comunidad no se mide solo por sus indicadores económicos o por la calidad de sus infraestructuras. Se mide también por la capacidad de sus ciudadanos para participar activamente en la construcción de su propio futuro. Lo que está ocurriendo en muchos municipios españoles es, precisamente, eso: un ejercicio colectivo de soberanía territorial que merece ser comprendido, apoyado y, sobre todo, escuchado.