El agujero fiscal invisible: cómo el gasto digital erosiona los cimientos económicos de tu municipio

Hay una paradoja que se repite cada vez con mayor frecuencia en los municipios españoles: los vecinos se quejan de que el parque infantil lleva años sin renovarse, de que el servicio de limpieza se ha reducido, de que la biblioteca cierra antes de lo que debería. Y, sin embargo, esos mismos vecinos han multiplicado en los últimos años sus compras en grandes plataformas digitales globales, ignorando —sin culpa, porque nadie se lo ha explicado con claridad— que ambas realidades están directamente conectadas.

Lo que ocurre entre esos dos hechos cotidianos es un fenómeno fiscal de enorme calado que afecta especialmente a los territorios de tamaño medio y pequeño: la transferencia silenciosa de riqueza desde la economía local hacia estructuras corporativas cuyas sedes fiscales se encuentran en Irlanda, Luxemburgo o los Países Bajos.

El mecanismo de la fuga: por qué el IVA no llega donde debería

Cuando un ciudadano de Cuenca, Teruel o Cáceres compra un libro en una librería de su calle, el IVA de esa transacción alimenta el sistema fiscal español que, a través de distintos mecanismos de participación, repercute también en las haciendas locales. El comerciante paga el Impuesto de Actividades Económicas, cotiza a la Seguridad Social, tributa en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades y, en muchos casos, es arrendatario de un local cuyos propietarios también tributan localmente.

Cuando ese mismo ciudadano realiza la misma compra en una gran plataforma de comercio electrónico, la cadena de valor se rompe. El IVA recaudado puede no revertir de forma proporcional al territorio donde reside el consumidor. Los empleados de almacén, generalmente ubicados en grandes centros logísticos periféricos a las ciudades, no contribuyen a la hacienda del municipio de destino. Y los beneficios empresariales tributan, si es que lo hacen, en jurisdicciones muy alejadas del punto de consumo.

Según datos del Ministerio de Hacienda, el comercio electrónico en España superó los 73.000 millones de euros en 2023, con una concentración significativa en pocas plataformas. Si extrapolamos incluso de forma conservadora el porcentaje de esa cifra que escapa al circuito fiscal territorial, el volumen de recursos que dejan de llegar a los municipios es, sencillamente, estructural.

Lo que dicen los números en los territorios

Algunos municipios españoles han comenzado a cuantificar, con mayor o menor precisión, el impacto de esta tendencia. El Ayuntamiento de Zamora encargó en 2022 un informe sobre la evolución de la recaudación por IAE en el sector del comercio minorista, y los resultados mostraron una caída sostenida de más del 18% en cinco años, paralela al crecimiento del comercio online en la provincia.

En la comarca del Bierzo, una asociación de comerciantes elaboró su propio estudio estimando que, si solo el 20% de las compras online realizadas por residentes locales se trasladara al comercio de proximidad, se generarían más de 400 empleos directos e indirectos y se incrementarían los ingresos municipales en varios cientos de miles de euros anuales.

Estas cifras no son anecdóticas. Son síntomas de una transformación estructural que los gobiernos locales todavía no han incorporado plenamente a sus diagnósticos de planificación territorial.

La trampa de la comodidad y el precio

Sería injusto —e ineficaz— reducir este fenómeno a una cuestión de irresponsabilidad ciudadana. La concentración del gasto en plataformas digitales responde a incentivos reales: precios más bajos, mayor variedad, comodidad en la entrega y facilidad de devolución. Ninguna campaña de concienciación puede competir de forma sostenida con esas ventajas si no se acompaña de transformaciones estructurales.

La pregunta relevante para los gestores locales no es cómo convencer a los ciudadanos de que paguen más por lo mismo, sino cómo rediseñar el ecosistema comercial del territorio para que la opción local sea, también, la opción conveniente.

Estrategias fiscales e institucionales para responder

Algunos municipios y mancomunidades europeas han comenzado a explorar respuestas que van más allá de la nostalgia y los llamamientos a la conciencia cívica. Estas son algunas de las más prometedoras en el contexto español:

Tasas de última milla diferenciadas. Varias ciudades europeas están desarrollando marcos normativos para gravar el reparto de paquetería en zonas urbanas densas, especialmente cuando los vehículos utilizados son de combustión. Aunque su implementación en municipios pequeños es compleja, la lógica fiscal es sólida: quien usa la infraestructura local debe contribuir a su mantenimiento.

Bonificaciones fiscales para el comercio físico local. Municipios como Palencia o Pontevedra han explorado reducciones del IAE o del IBI de locales comerciales condicionadas a criterios de arraigo territorial, empleo local y participación en iniciativas de dinamización del centro urbano. No se trata de subvencionar la ineficiencia, sino de compensar las externalidades positivas que el comercio local genera y que el mercado no valora.

Plataformas de comercio digital de proximidad con fiscalidad transparente. Varias diputaciones provinciales han impulsado marketplaces locales que agregan la oferta de comerciantes del territorio y garantizan que la cadena de valor permanezca dentro del ecosistema. La clave no es la tecnología, sino el modelo de gobernanza: que los beneficios y los impuestos se queden donde se genera el valor.

Presupuestos participativos vinculados al consumo local. Algunos ayuntamientos están explorando sistemas en los que una parte de los presupuestos participativos se financia directamente a través de tasas sobre el comercio electrónico de entrega local, haciendo visible para el ciudadano la conexión entre sus hábitos de consumo y la capacidad de inversión de su municipio.

El papel de la ciudadanía informada

La gobernanza territorial eficaz requiere ciudadanos que comprendan las consecuencias de sus decisiones económicas cotidianas. No para generar culpa, sino para activar agencia. Cuando alguien entiende que cada compra en una plataforma global sustrae recursos concretos de servicios concretos en su territorio, la decisión de consumo adquiere una dimensión diferente.

Desde Territorio Leal entendemos que esta pedagogía fiscal es una responsabilidad compartida entre administraciones, medios de comunicación locales, asociaciones empresariales y la sociedad civil organizada. Los datos existen. Lo que falta, en muchos casos, es la voluntad de traducirlos a un lenguaje que conecte con la vida real de las personas.

Gobernar el territorio en la era digital

La digitalización de la economía no es reversible ni, en sí misma, negativa. Lo que sí es una elección política es cómo se distribuyen sus beneficios y quién asume sus costes. Los municipios españoles no pueden seguir siendo los financiadores involuntarios de un modelo de negocio que vacía sus calles, debilita su tejido empresarial y reduce su capacidad de prestar servicios.

Recuperar el control fiscal del territorio en la era digital exige imaginación institucional, voluntad política y, sobre todo, la comprensión de que el municipio no es solo una unidad administrativa: es el espacio donde la economía tiene nombre, cara y consecuencias reales para las personas que lo habitan.

La fuga fiscal no tiene por qué ser inevitable. Pero detenerla requiere que los territorios dejen de ser espectadores pasivos de su propia erosión.