El pueblo que se hizo dueño del enchufe: cinco municipios que apostaron por su propia energía
Photo: Jaggery , CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Durante décadas, el papel de un municipio pequeño en el sistema eléctrico ha sido el de cliente: recibe la factura, la paga y poco más. Pero en los últimos cinco años, un puñado de pueblos españoles ha decidido cambiar de posición en la cadena. Han creado cooperativas energéticas, instalado autoconsumo compartido en tejados comunales y empezado a repartir beneficios entre vecinos. Estos son cinco casos que merecen atención.
1. La cooperativa que nació de un bar
En varias comarcas de la Cataluña rural, el detonante no fue un plan estratégico sino una conversación en el bar del pueblo ante la subida de la factura. El resultado: cooperativas de vecinos que instalan placas en naves y tejados municipales y venden la energía excedentaria a sus socios a precios por debajo del mercado. El truco está en la figura del autoconsumo compartido, que permite repartir la energía generada entre consumidores situados a menos de dos kilómetros.
2. El ayuntamiento que puso los tejados
En municipios de la España vaciada, el activo más valioso no es el dinero sino el suelo: cubiertas de polideportivos, colegios, naves municipales. Algunos ayuntamientos han cedido esos tejados a cooperativas locales mediante convenio, obteniendo a cambio una rebaja en su propia factura y un porcentaje de los beneficios que revierten en servicios sociales.
3. La trampa legal de la venta de energía
Aquí aparece el primer escollo. Una cooperativa no puede vender energía a quien quiera ni como quiera: la normativa limita el radio de reparto del autoconsumo y exige tramitar la modificación de puntos de suministro. Varios proyectos se han estancado precisamente por subestimar los plazos administrativos. La lección de quienes lo han logrado: empezar con pocos vecinos, bien ubicados, y crecer después.
4. El líder vecinal que nadie esperaba
En casi todos estos casos hay una figura recurrente: no es el alcalde ni un empresario, sino un vecino —un profesor, un jubilado de una eléctrica, una agricultora— que entiende el funcionamiento del sistema y convence a los demás. Estos líderes informales son, de hecho, el recurso más escaso del modelo. Sin ellos, el proyecto no despega.
5. El reparto de beneficios como política pública
El caso más ambicioso es el de los municipios que han convertido la energía en fuente de ingresos municipales: la cooperativa destina parte de sus beneficios a bonificaciones del IBI, a becas locales o al mantenimiento de servicios. El pueblo deja de ser un pagador y se convierte en accionista de su propio suministro.
Lo que se necesita para empezar
Las condiciones mínimas son conocidas: un grupo de entre diez y treinta vecinos comprometidos, un asesoramiento jurídico inicial (las federaciones de cooperativas energéticas lo ofrecen), tejados o suelo disponible cerca del casco urbano y paciencia administrativa. La inversión inicial de una instalación comunitaria modesta ronda los 40.000 euros, amortizable en menos de una década con los precios actuales de la luz.
El mensaje de estos cinco casos es incómodo para las grandes comercializadoras: el enchufe también puede ser de propiedad colectiva. Y cuando lo es, el dinero que antes se iba en factura se queda en el pueblo, girando.
